Harold Castilla, rector general de Uniminuto y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), expresó su preocupación por el decreto 0173 que impone un impuesto al patrimonio a las universidades privadas, calificándolo como injusto.
Este impuesto, implementado en el marco de la emergencia económica, obliga a entidades sin ánimo de lucro como las universidades privadas a tributar sumas millonarias, lo que podría traducirse en un aumento en el costo de las matrículas y afectar directamente a los estudiantes.
El impacto en la comunidad universitaria
Castilla advirtió que el cobro del impuesto podría limitar el acceso a la educación superior, poniendo en riesgo la continuidad de muchos estudiantes que dependen de estas instituciones para su formación académica.
Además, destacó la labor social que cumplen las universidades privadas en Colombia, ofreciendo educación de calidad y contribuyendo al desarrollo social y económico del país.
La defensa legal ante la Corte Constitucional
El gremio universitario, representado por Ascun, anunció que está preparando una demanda para impugnar el impuesto ante la Corte Constitucional, buscando proteger a las instituciones y a sus estudiantes de esta carga tributaria.
"Esperamos que la Corte reconozca la injusticia de este impuesto y lo tumbe para evitar que las universidades privadas y sus estudiantes sean afectados económicamente." - Harold Castilla, rector de Uniminuto