Un operativo sin precedentes se desata en Argentina tras la filtración de documentos que comprometen al presidente Javier Milei en la investigación por el supuesto fraude con la criptomoneda $Libra. La oposición denuncia una posible complicidad de la Justicia, señalando al fiscal Eduardo Taiano por entorpecer la pesquisa y piden su apartamiento.
El caso $Libra, que investiga un presunto fraude transnacional, ha revelado llamadas entre Milei y los impulsores de la criptomoneda, así como un borrador de contrato por cinco millones de dólares que habría cobrado el mandatario. A pesar de estas evidencias, la Justicia no ha avanzado en llamar a declarar testigos o imputados en más de un año.
“Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario y una clara malversación de la investidura presidencial.”
Diputados opositores que integraron la comisión investigadora anunciaron que denunciarán al fiscal Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por presunto encubrimiento y obstrucción de la investigación. Esta acción busca que sea relevado del caso, tras desestimarse previamente un pedido similar por falta de objetividad.
Las revelaciones periodísticas también expusieron contactos entre Milei y el lobista Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de $Libra, así como mensajes que evidencian un acuerdo millonario y la promoción pública del proyecto por parte del presidente. Esto llevó a una valorización artificial de la criptomoneda y a numerosas víctimas financieras.
El Gobierno, por su parte, ha mantenido silencio o respuestas evasivas ante las acusaciones. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la Justicia continúa investigando pero negó pruebas contra Milei y su hermana Karina. El presidente, desde España, calificó las denuncias como ataques de periodistas corruptos y defendió su integridad.
Además del caso $Libra, el Gobierno de Milei enfrenta otras polémicas, como el procesamiento de seis exfuncionarios por sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, y cuestionamientos al jefe de Gabinete por gastos personales en giras oficiales. Estas situaciones agravan la crisis de credibilidad y ponen en entredicho la narrativa anticorrupción inicialmente promovida.
Expertos y analistas advierten sobre una cultura de impunidad en Argentina que dificulta la investigación y sanción de presidentes en funciones, lo que podría explicar la falta de avances judiciales pese a las evidencias acumuladas.