En una de sus primeras decisiones de gobierno, el presidente Abelardo De la Espriella ordenó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, todas vinculadas a negociaciones de paz en diferentes regiones del país. La operación, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), busca desarticular posibles redes delictivas que operaban desde los centros de reclusión.
Un operativo sin precedentes
Según un comunicado de la Oficina de Prensa del Presidente, fechado el 7 de julio de 2026, la medida responde a la necesidad de fortalecer la vigilancia penitenciaria y neutralizar maniobras ilegales desde el interior de las cárceles. El documento señala que los internos fueron movilizados hacia penales de máxima y alta seguridad en distintos puntos del país.
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Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley.
El impacto en la comunidad
Con este movimiento masivo, las autoridades buscan cortar la coordinación entre los reclusos y grupos armados o estructuras criminales externas, además de eliminar privilegios y tratos especiales que algunos internos habrían adquirido en sus lugares de reclusión. La medida también refuerza el cumplimiento de las órdenes judiciales y devuelve la autoridad al sistema penitenciario.